Bueno primeramente que todo es indudable que la pobreza y las desigualdades sociales no surgieron en el pis en la década de 1880 como así tampoco han desaparecido en la moderna realidad del chile actual . yo creo que los problemas sociales en una cuestión social tuvo un transformamiento plenamente economicocapitalista desde luego marcado por una incipiente industrialización y también un proceso de urbanización descontrolado que agravaron las malas condiciones de vida del trabajador urbano en una clase ciega y ineficiente ante los problemas y quejas del mundo popular en una clase de trabajadores que estuvo dispuesta a quedarse de brazos cruzados esperando la oportunidad del estado oligárquico llegara a ofrecer alguna solución a sus problemas.
La cuestión social es, en la Doctrina social de la Iglesia, el trastorno producido por el encuentro del progreso material con el decaimiento de los principios ético-sociales, trastorno que se caracteriza por un vivo malestar de todas las clases de la sociedad y la generación de antagonismo entre las mismas.La cuestión social para la Doctrina social de la Iglesia se manifiesta externamente como afectando de un modo principal a la clase obrera los asalariados en sus relaciones con los capitalistas y empresarios; pero en realidad se hace sentir en todas las clases sociales Se puede decir que dos ideologías han surgido como explicaciones y respuestas al surgimiento de la cuestión: El socialismo y el socialcristianismo.
El historiador chileno Sergio Gres, citando a James O. Morris, describe la cuestión social como "la totalidad de consecuencias sociales, laborales e ideológicas de la industrialización y urbanización nacientes: una nueva forma dependiente del sistema de salarios, la aparición de problemas cada vez más complejos pertinentes a vivienda obrera, atención médica y salubridad; la constitución de organizaciones destinadas a defender los intereses de la nueva "proletariado"; huelgas y demostraciones callejeras, tal vez choques armados entre los trabajadores y la policía o los militares, y cierta popularidad de las ideas extremistas, con una consiguiente influencia sobre los dirigentes de los amonestados trabajadores”. Tal como los libros de historia nacional describen como se produjo la cuestión social entre 1890 y 1910, hoy parece reeditarse en el Chile del Segundo Centenario. Un choque brutal entre un crecimiento económico que genera grandes fortunas, y que permiten al Estado desarrollar una vasta red de obras públicas y un país con una apariencia de modernidad sustentable, mientras una parte importante de la población no recibe los beneficios del progreso económico y retrocede a niveles graves de precariedad y desprotección social. Sin un Estado que cumpla adecuadamente su papel social de garante de la equidad y el bien común. Tal como ocurrió a las puertas del Primer Centenario, la acumulación de tensiones provenientes de la brecha de la desigualdad hace emerger, aunque todavía de manera incipiente, condiciones sociales para una reacción insidiosa y desestabilizadora de la paz social. Lo de Atacama es un punto más en una cadena de situaciones que se han producido también en otros ámbitos durante toda la última década. Precariedad de vivienda y marginalidad en los centros urbanos; desvalorización de la educación como mecanismo de equilibrio y movilidad social; indefensión frente a las empresas en materia de servicios públicos básicos; inestabilidad en los mercados laborales; creciente violencia urbana juvenil; abandono de la tercera edad. Al mismo tiempo que el país experimentaba, de manera sostenida, el período más largo y de mayor crecimiento económico en su historia. Muchos efectos de estos problemas han sido mitigados, retardados o, incluso, contenidos, por las políticas aplicados. Pero en lo esencial, como el centro de la atención privilegió los equilibrios macroeconómicos y el crecimiento, los residuos de la desigualdad han ido corroyendo de manera larvada todo el tejido social.
Tal como los libros de historia nacional describen como se produjo la cuestión social entre 1890 y 1910, hoy parece reeditarse en el Chile del Segundo Centenario. Un choque brutal entre un crecimiento económico que genera grandes fortunas, y que permiten al Estado desarrollar una vasta red de obras públicas y un país con una apariencia de modernidad sustentable, mientras una parte importante de la población no recibe los beneficios del progreso económico y retrocede a niveles graves de precariedad y desprotección social. Sin un Estado que cumpla adecuadamente su papel social de garante de la equidad y el bien común.
El economista Patricio Meller, en un lúcido, y poco leído, artículo publicado en la revista Perspectivas del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, (octubre de 1999), plantea que el tema ha estado presente en el debate chileno desde el siglo XIX. Y cita en la introducción algunos párrafos de Valentín Letelier, de perfecta actualidad: El juicio de Valentín Letelier, de 1896, declaradamente laico y progresista, interpela a la elite gobernante de la época. Hubo también una llamada de atención proveniente del mundo conservador y religioso. La Iglesia Católica De las cosas nuevas en 1891, se refiere por primera vez a las condiciones y problemas de las clases trabajadoras. Esa posición aún tibia posteriormente iría evolucionando hacia una doctrina social de la Iglesia Católica. En la actualidad hemos visto diferentes planteamientos y debates sobre salario ético, protección social, ingreso ético familiar, motivados por movilizaciones sociales fuertes, que demuestran, al menos aparentemente, que las elites estarían sensibilizadas para generar un freno al deterioro. Pero en la práctica no se avanza mucho. Es evidente que la situación actual no es solo producto de la ambición económica de empresarios inescrupulosos o de un capitalismo desbordado. Como tampoco la existencia de un Estado precario, sin capacidad de generar condiciones de equilibrio y controlar los desbordes de legalidad, es culpa de la Dictadura militar de los años 70 y 80 del siglo pasado. Si bien ellos son datos fuertes del escenario, nada excusa la falta de voluntad de la Concertación, durante veinte años, para introducir controles de calidad y legalidad en las políticas, dependientes solo de sus facultades administrativas. Especialmente en materia de vivienda y barrios, en los mercados laborales, o en el control regulatorio de los servicios básicos. Cuando durante el Gobierno de Ricardo Lagos se generó una presión empresarial por lo que se denominó excesos de control de la Dirección del Trabajo, dirigida entonces por la socialista María Ester Fares, fue un ministro de su mismo partido, Ricardo Solari, quien tuvo una ambigua actitud en el tema y estuvo de acuerdo con su remoción. Los excesos de control eran acciones orientadas, precisamente, a controlar situaciones como las que hoy lamentamos en la mina de Atacama. Resulta preocupante que ante los síntomas que se perciben de emergencia de una cuestión social nuevamente en el país, la elite política se muestre poco perspicaz e incapaz de asumir responsabilidades compartidas en el hecho y se oriente, de manera ciega, a una política orientada por el síndrome del enemigo Sería lamentable además que, como corolario del Segundo Centenario, el paradigma de la cooperación público privada lucido con orgullo como base del crecimiento económico del país, terminara en una muestra de que el mercado no solo es cruel, Esta concentración de población en las ciudades transformó la fisonomía demográfica del país y fue el inicio de un constante proceso de urbanización.
Este proceso alcanzó mayor relieve a partir de mediados del siglo XX, ya que en 1960 la población urbana llegaba al 66,9 por ciento del total del país, en tanto que en 1970 alcanzó al 75,2 por ciento, y en 1979, al 80,8 por ciento. En 1903 una huelga de los estibadores de Valparaíso culminaba con 35 muertos. El Ejército, usado como siempre por el poder civil cuando es incapaz de controlar la situación, debió emplearse a fondo para contener los disturbios ocasionados por huelguistas y no huelguistas. Antes de que se restableciera el orden habían sido asaltados los locales de la Sociedad Sudamericana de Vapores y otros edificios comerciales y de la prensa. En 1905 se produjo el primer gran acto de masas en la historia del país, que concentró en Santiago a más de cincuenta mil personas en contra de la carestía generada por las medidas de protección a la ganadería nacional que habían disparado el precio de la carne; la multitud fue atacada por la policía y por bandas armadas, lo que motivó la declaración de una huelga general en respuesta. El gobierno recurrió nuevamente al Ejército para que le calmara la situación y sólo tras tomar la ciudad logró restablecerse la calma, una semana después de haberse iniciado los incidentes. El balance final arrojó sesenta muertos y más de trescientos heridos.
Las huelgas hicieron su aparición en grandes sectores de la economía y el transporte a pesar de tratarse de una actividad ilegal y, por lo tanto, perseguida.
El descenso periódico en la exportación del salitre generó la paralización de la producción y desempleo obrero.
En diciembre de 1907 numerosos trabajadores salieron de los campamentos mineros y se dirigieron a Iquique para reclamar soluciones. La ciudad les recibió con una huelga solidaria organizada por sus trabajadores, y fueron alojados en la escuela de Santa María, en donde elaboraron su pliego de peticiones que presentaron a los empresarios. Éstos se negaron a atenderlas, mientras fuerzas del Ejército, otra vez y como siempre llamadas por el gobierno civil para restaurar el orden, rodeaban el poblado de los huelguistas debiendo emplear sus armas de fuego. Las cifras oficiales elevaron a dos mil el número de fallecidos
No hay comentarios:
Publicar un comentario