miércoles, 30 de noviembre de 2011

Las consecuencias de la guerra del pacifico

Precisamente un año antes que comenzara la Guerra del Pacífico el presidente boliviano Hilaron Daza había impuesto a la mayor productora de salitre, la firma chilena Compañía de Salitres y Ferrocarriles Antofagasta, un impuesto de diez centavos de peso boliviano por cada quintal embarcado del producto. Con ello, no sólo quebrantaba los tratados firmados con Chile en 1866 y 1874, sino que  demostraba claramente no querer buscar acuerdos pacíficos a los problemas presentes.Inútilmente la cancillería chilena reclamó lo ilegal del acto boliviano, exigiendo el cumplimiento del tratado de 1874, en el cual Bolivia se había comprometido a no aumentar, durante 25 años los impuestos a "las personas, industrias y capitales chilenos que trabajasen entre los paralelos 23º y 24º".
Chile hizo ver que el cobro de ese impuesto implicaba la ruptura del tratado y que, por lo mismo, ellos podrían hacer valer sus antiguas reclamaciones territoriales. Estas consistían en que la frontera de Chile y Perú se había establecido en el río Loa (23º de latitud sur). Cuando se creo Bolivia, sus gobernantes estimaron conveniente tener salida al mar por lo que se establecieron en Cobija, territorio indiscutiblemente chileno, sin embargo Chile se mantuvo indiferente. Al descubrirse grandes reservas de guano y minas de oro plata y cobre; ante este hecho, Bolivia declaró tener posesión sobre toda la región hasta el paralelo 26º de Lat. sur. La empresa nacional, apoyada por el gobierno chileno, se negó a pagar el tributo que consideraba completamente ilegal. Sin embargo, el gobierno boliviano, que estaba decidido a seguir adelante, ordenó el remate de la compañía salitrera.
De esta forma, llegó el 14 de febrero de 1879, día que los bolivianos habían fijado para el remate de la empresa y fecha establecida para la ocupación por parte de las tropas chilenas. En esa mañana  de 1879 amanecieron anclados frente al puerto de Antofagasta parte de la flota nacional: el Blanco, el Chocaren y la corbeta Ohiggins. De ellos desembarcaron los hombres que, al mando del marino y futuro presidente de Chile don Jorge Montt, tomaron bajo su control la ciudad. Entre los ocupantes de la población (más del 90% era chilena) el coronel Sotomayor, al manejo de las tropas de tierra, avanzó en correctamente hacia la plaza Colón, lugar en que con caballerosidad ordeno al prefecto boliviano Severino Zapata a deponer las armas y rendirse.Sin otra alternativa, Zapata y sus desarmados soldados partieron rumbo a Calama.Chile no quería ir a la guerra, pero cuando quedó al descubierto que en 1873 Bolivia había firmado con el Perú un pacto secreto que los obligaba a respaldarse mutuamente ante toda agresión del exterior, el ministro de Relaciones Exteriores chileno declaró que "la guerra es el único camino que nos queda".
En sesión secreta del Consejo de Estado algunos de sus integrantes, dudosos de las posibilidades chilenas en el conflicto, no se demostraron partidarios de éste. Sin embargo, el 2 de abril de 1879, el Presidente  Pinto declaró la guerra a Perú. Durante el transcurso de la Guerra del Pacífico, el progreso de Chile no se vio interrumpido; por el contrario, la guerra estimuló el desarrollo de la economía industrial, lo que contribuyó al financiamiento del EjércitoTerminado el conflicto, Chile consolidó su presencia en el norte del país al aumentar su territorio, convirtiéndose en el país más importante.
Por otro lado, los aranceles sobre el salitre beneficiaron ampliamente la construcción de nuevas obras públicas, como puertos y ferrocarriles, obras sociales y refuerzos para las fuerzas.
También, una vez finalizada la Guerra del Pacífico se incrementaron el cultivo de trigo en el sur y la vitivinicultura en el centro, y las empresas industriales de producción de bienes
Finalmente, y gracias a los créditos recibidos por su buena reputación, Chile modernizó sus principales ciudades, los servicios de sanidad la educación, y realizó la construcción de grandes edificios.
 
Al igual que Bolivia, Perú no tuvo un buen recuerdo de su paso por la Guerra del Pacífico, ya que su participación significó la derrota de sus fuerzas. A diferencia de Chile, que no detuvo su progreso durante la guerra, Perú sufrió grandes divisiones sociales; por un lado estaban los campesinos indígenas, y por el otro, los terratenientes, creándose fuertes pugnas entre ellos.

Por otra parte, las principales exportaciones del país habían sido el guano, el salitre y el azúcar; sin embargo, el bloqueo de Chile a todo el territorio donde se producían, durante la guerra, había dejado al Perú en la ruina.

Muchas veces hemos oído hablar de esta guerra, y sobre todo del Combate Naval de Iquique, uno de los hechos de armas más conocidos de este conflicto. Para comprender mejor este episodio de la historia de Chile es necesario partir 
La Guerra del Pacífico (1879-1883) fue un conflicto armado que enfrentó a Chile por un lado, y a Perú y Bolivia por otro, durante el gobierno de don Aníbal Pinto

Como primer antecedente, aparece el problema limítrofe entre Chile y Bolivia. Chile dominaba hasta el paralelo 23 (al norte de Mejillones), mientras que Bolivia tenía como límite el paralelo 26. Pareciera que tres paralelos no son suficiente motivo para comenzar un conflicto armado; sin embargo, abarcaban miles de kilómetros. Más al norte, las tierras de Iquique y Arica pertenecían a Perú. 

La riqueza salitrera que cubría el suelo de Antofagasta, hasta ese entonces perteneciente a Bolivia, era explotada por capitales extranjeros, principalmente chilenos. Esto provocó grandes diferencias entre ambas naciones, hasta que en el año 1866 se firmó un Tratado, donde se estableció que el límite entre Chile y Bolivia sería el paralelo 24, y que los productos obtenidos por la explotación minera y de guano entre los paralelos 23 y 25 serían repartidos.
Sin embargo, este tratado no duró mucho tiempo, y en 1874 se firmó un nuevo acuerdo, estableciendo la renuncia de Chile a los beneficios económicos obtenidos por la explotación salitrera. Por su parte, Bolivia se comprometió a no subir los impuestos, durante 25 años, a las compañías chilenas que ya estaban instaladas en la zona.                            
                                                                  
                                                                     Nombre: Exequiel Pérez
                                                                     Curso: 2b

La Cuestión social (1880-1920)

Bueno primeramente que todo es indudable que la pobreza y las desigualdades sociales no surgieron en el pis en la década de 1880 como así tampoco han desaparecido en la moderna realidad del chile actual. yo creo que los problemas sociales en una cuestión social tuvo un transformamiento plenamente económico capitalista desde luego marcado por una incipiente industrialización y también un proceso de urbanización descontrolado que agravaron las malas condiciones de vida del trabajador urbano en una clase ciega y ineficiente ante los problemas y quejas del mundo popular  en una clase de trabajadores que estuvo dispuesta  a quedarse de brazos cruzados esperando la oportunidad del estado oligárquico llegara a ofrecer alguna solución a sus problemas. La cuestión social es, en la Doctrina social de la Iglesia, el trastorno producido por el encuentro del progreso material con el decaimiento de los principios ético-sociales, trastorno que se caracteriza por un vivo malestar de todas las clases de la sociedad y la generación de antagonismo entre las mismas.
La cuestión social para la Doctrina social de la Iglesia se manifiesta externamente como afectando de un modo principal a la clase obrera los asalariados en sus relaciones con los capitalistas y empresarios; pero en realidad se hace sentir en todas las clases sociales Se puede decir que dos ideologías han surgido como explicaciones y respuestas al surgimiento de la cuestión: El socialismo y el social cristianismo. El historiador chileno Sergio Gres, citando a James O. Morris, describe la cuestión social como "la totalidad de consecuencias sociales, laborales e ideológicas de la industrialización y urbanización nacientes: una nueva forma dependiente del sistema de salarios, la aparición de problemas cada vez más complejos pertinentes a vivienda obrera, atención médica y salubridad; la constitución de organizaciones destinadas a defender los intereses de la nueva "proletariado"; huelgas y demostraciones callejeras, tal vez choques armados entre los trabajadores y la policía o los militares, y cierta popularidad de las ideas extremistas, con una consiguiente influencia sobre los dirigentes de los amonestados trabajadores”. Tal como los libros de historia nacional describen como se produjo la cuestión social entre 1890 y 1910, hoy parece reeditarse en el Chile del Segundo Centenario. Un choque brutal entre un crecimiento económico que genera grandes fortunas, y que permiten al Estado desarrollar una vasta red de obras públicas y un país con  una apariencia de modernidad sustentable, mientras una parte importante de la población no recibe los beneficios del progreso económico y retrocede a niveles graves de precariedad y protección social.  Sin un Estado que cumpla adecuadamente su papel social de garante de la equidad y el bien común. Tal como ocurrió a las puertas del Primer Centenario, la acumulación de tensiones provenientes de la brecha de la desigualdad hace emerger, aunque todavía de manera incipiente condiciones sociales para una reacción insidiosa y desestabilizadora de la paz social. Lo de Atacama es un punto más en una cadena de situaciones que se han producido también en otros ámbitos durante toda la última década. Precariedad de vivienda y marginalidad en los centros urbanos; desvalorización de la educación como mecanismo de equilibrio y movilidad social; indefenso frente a las empresas en materia de servicios públicos básicos; inestabilidad en los mercados laborales; creciente violencia urbana juvenil; abandono de la tercera edad.  Al mismo tiempo que el país experimentaba, de manera sostenida, el período más largo y de mayor crecimiento económico en su historia. Muchos efectos de estos problemas han sido mitigados, retardados o, incluso, contenidos, por las políticas aplicados. Pero en lo esencial, como el centro de la atención privilegió los equilibrios económicamente y el crecimiento, los residuos de la desigualdad han ido corroyendo de manera larvada todo el tejido social. Tal como los libros de historia nacional describen como se produjo la cuestión social entre 1890 y 1910, hoy parece reeditarse en el Chile del Segundo Centenario. Un choque brutal entre un crecimiento económico que genera grandes fortunas, y que permiten al Estado desarrollar una vasta red de obras públicas y un país con  una apariencia de modernidad sustentable, mientras una parte importante de la población no recibe los beneficios del progreso económico y retrocede a niveles graves de precariedad y protección social.  Sin un Estado que cumpla adecuadamente su papel social de garante de la equidad y el bien común. El economista Patricio Melle, en un lúcido, y poco leído, artículo publicado en la revista Perspectivas del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, (octubre de 1999), plantea que el tema ha estado presente en el debate .Y cita en la introducción algunos párrafos de Valentín Lientera, de perfecta actualidad, El juicio de  Letelier, de 1896, declaradamente laico y progresista, interpela a la  gobernante de la época. Hubo también una llamada de atención proveniente del mundo conservador y religioso. La Iglesia Católica De las cosas nuevas en 1891, se refiere por primera vez a las condiciones y problemas de las clases trabajadoras. Esa posición aún tibia posteriormente iría evolucionando hacia una doctrina social de la Iglesia Católica. En la actualidad hemos visto diferentes planteamientos y debates sobre salario ético, protección social, ingreso ético familiar, motivados por movilizaciones sociales fuertes,  que demuestran, al menos aparentemente, que las élites estarían sensibilizadas para generar un freno al deterioro. Pero en la práctica no se avanza mucho. Es evidente que la situación actual no es solo producto de la ambición económica de empresarios inescrupulosos o de un capitalismo desbordado. Como tampoco la existencia de un Estado precario, sin capacidad de generar condiciones de equilibrio y controlar los desbordes de legalidad, es culpa de la Dictadura militar de los años 70 y 80 del siglo pasado. Si bien ellos son datos fuertes del escenario, nada excusa la falta de voluntad de la Concertad, durante veinte años, para introducir controles de calidad y legalidad en las políticas, dependientes solo de sus facultades administrativas.  Especialmente en materia de vivienda y barrios, en los mercados laborales, o en el control  de los servicios básicos.se generó una presión empresarial por lo que se denominó excesos de control de la Dirección del Trabajo, dirigida entonces por la socialista María Ester , fue un ministro de su mismo partido,  Solari, quien tuvo una ambigua actitud en el tema y estuvo de acuerdo con su remoción. Los excesos de control eran acciones orientadas, precisamente, a controlar situaciones como las que hoy lamentamos en la mina . Resulta preocupante que ante los síntomas que se perciben de emergencia de una cuestión social nuevamente en el país, la élite política se muestre poco perspicaz  e incapaz de asumir responsabilidades compartidas en el hecho y se oriente, de manera ciega, a una política orientada por el síndrome del enemigo Sería lamentable además que, como corolario del Segundo Centenario, el paradigma de la cooperación público privada lucido con orgullo como base del crecimiento económico del país, terminara en una muestra de que el mercado no solo es cruel, Esta concentración de población en las ciudades transformó la fisonomía demográfica del país y fue el inicio de un constante proceso de urbanización. Las huelgas hicieron su aparición en grandes sectores de la economía y el transporte a pesar de tratarse de una actividad ilegal y, por lo tanto, perseguida.
El descenso periódico en la exportación del salitre generó la paralización de la producción y desempleo obrero.
En diciembre de 1907 numerosos trabajadores salieron de los campamentos mineros y se dirigieron a Iquique para reclamar soluciones.  La ciudad les recibió con una huelga solidaria organizada por sus trabajadores, y fueron alojados en la escuela de Santa María, en donde elaboraron su pliego de peticiones que presentaron a los empresarios. Éstos se negaron a atenderlas, mientras fuerzas del Ejército, otra vez y como siempre llamadas por el gobierno civil para restaurar el orden, rodeaban el poblado de los huelguistas debiendo emplear sus armas de fuego.  Las cifras oficiales elevaron a dos mil el número de fallecidos
  
 Nombre: Ezequiel Pérez canales
Curso: 2b
 

¿Que consecuencias trajo el crecimiento hacia fuera?

El crecimiento hacia afuera es el crecimiento vía promoción de las exportaciones. De esta forma crecieron los países asiáticos. Este crecimiento permite cubrir la brecha de divisas y de ahorro, las divisas son generadas por las exportaciones mayores que las importaciones, y los ahorros se incrementan por el aumento del ingreso vía incremento de exportaciones, que no se traduce en igual aumento del consumo, todo genera un circulo virtuoso.

Por el contrario, tiene el crecimiento hacia adentro, vía sustitución de importaciones, como observamos en las economías de América Latina, que genera todos los efectos contrarios a los mencionados, dado que son economías exportadoras primarias que no generan las divisas necesarias para cubrir las importaciones, lo que genera tensiones en balanza de pagos y recesiones Entre estas dos fechas se extienden 50 años de crecimiento en la economía de los países hispanoamericanos, compuesto por diferentes ciclos o booms, (el del guano, el del caucho, el del salitre, etc.), fases de expansión productiva que son la consecuencia de las nuevas demandas y necesidades que el proceso de industrialización ha creado en Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania, Holanda, Francia... donde los antiguos campesinos han abandonado las tareas del campo y se han convertido en obreros industriales que ya no producen alimentos pero que los demandan de manera creciente, según aumenta su capacidad de consumo. Este hecho estimula el cultivo en tierras hispanoamericanas de ciertos productos como café, azúcar, cereales, carne y plátanos. Al mismo tiempo, los avances del desarrollo industrial en los países antes mencionados exigen nuevas materias primas. El estaño boliviano es necesario para las latas de la industria conservera de alimentos; el henequén mexicano es utilizado por las cosechadoras de cereales en Estados Unidos; el cobre peruano y chileno resulta indispensable para el tendido de la red eléctrica que ilumina ciudades y pueblos en Europa y en Estados Unidos; con el caucho extraído de la Amazonía brasileña se fabrican los neumáticos que utiliza la floreciente industria automovilística de los países industrializados.
La economía de los países hispanoamericanos ingresa, mediante estas exportaciones, divisas para hacer sus importaciones (textiles, alguna maquinaria y objetos de lujo para las élites). Y el estado obtiene, a través de las tasas aduaneras que los productos deben pagar a su salida del país, el dinero necesario para satisfacer los intereses de las deudas contraídas con los bancos británicos y alemanes. Los préstamos extranjeros constituyen la principal fuente de financiación de las naciones hispanoamericanas, que intentan cohesionar y modernizar sus tierras mediante la construcción de obras públicas (caminos, puertos, red de ferrocarril) y establecimientos sanitarios. Su dependencia de las exportaciones es, por tanto, doble, mercantil y financiera. No sólo las impor­taciones dependen de ellas sino también el pago de la deuda externa, lo que hace que estas sociedades sean extremadamente sensibles a las oscilaciones en los precios de sus exportaciones.
Dichos programas tuvieron un éxito ciertamente verificable. La inflación fue controlada y, en los años que siguieron, hubo tasas de crecimiento pocas veces vistas antes. Los años noventa muestran claramente cómo la región inició, luego de haber superado la llamada "década perdida", un camino de.
Mejor Estado significa llevar adelante modificaciones institucionales que aseguren un mayor poder por parte de los ciudadanos, las empresas y organizaciones sociales en lugar de ser los subsidiados o controlados. Mejor Estado implica la eliminación de los nichos de corrupción que actúan como sobrecoseos en la economía y que ahuyenta la inversión de largo plazo.
Esta etapa no fue realizada en toda la región, con la única excepción de Chile, por lo que lograr un crecimiento sostenido en el tiempo, con resistencia a los embates externos, resulta por lo menos difícil de contemplar.




                   Nombre: Exequiel Pérez

                                                                         Curso: 2b

La ocupación de la Araucanía


Tras la consolidación de la independencia de Chile, una de las primeras preocupaciones de la naciente República fue reconocer el territorio sobre el cual ejercería soberanía e incorporar aquellas regiones que estaban marginadas, como la zona comprendida entre los ríos Bíobío y Toltén. Acá vivían más de 190 mil indígenas entre pueblos pehuenche y mapuche que, desde el siglo XVIII se encontraban en un difuso proceso de colonización espontánea, intercambio comercial y migraciones. En este contexto se estaba cuando se realizó en 1825, el Parlamento de Tapice entre autoridades del gobierno y el pueblo mapuche.
                                                        

En 1823, el Senado Consulto acordó la realización de un parlamento con el fin de establecer un acuerdo que regulara las relaciones entre la República y el pueblo mapuche. Así, el 7 de enero de 1825, durante el gobierno de Ramón Freire, se celebró el Parlamento general de Tapice con la participación de un representante del gobierno y un militar chileno enviados por el Congreso y las máximas autoridades de los grupos mapuche, encabezados por el longo Mailuan. 
En este encuentro se ratificó al río Bíobío como la frontera entre Chile y la Araucanía, se puso fin a la guerra entre la República de Chile y el pueblo mapuche producto de la alianza de estos últimos con la corona española y se prohibió que ningún chileno, considerado por los mapuches como un peligro para la paz, habitara al sur del río. 
Durante dos décadas se respetaron los acuerdos establecidos en el Parlamento, sin embargo la guerra civil de 1851, generó un nuevo espacio de confrontación entre chilenos y mapuches. José María de la Cruz, líder del movimiento golpista liberal se alió con importantes lonkos y clanes de la Araucanía para derrocar al entonces presidente Manuel Montt, bajo la promesa de respetar su autonomía en el caso que ellos llegaran al poder. Esto motivó a que en 1852, el presidente Manuel Montt, luego de aplacar las rebeliones, tomara las primeras medidas para incorporar al territorio de la Araucanía bajo soberanía chilena. Así, se creó la provincia de Arauco que comprendía los territorios indígenas entre el Bío-Bío y el norte de la provincia de Valdivia y dispuso una norma que protegía la propiedad indígena. Sin embargo, este último aspecto quedó sólo en el papel, ya que la apropiación indebida continuó desarrollándose por parte de unos pocos especuladores que acumularon inmensos territorios conseguidos de manera fraudulenta y distintas argucias.

En este escenario no era de extrañar que en 1859, los mapuches se volvieran a aliar con las tropas liberales en contra de los conservadores, lo que causó importantes daños a los pueblos recientemente fundados como Santa Bárbara, San Carlos o Nacimiento y a las tierras de las haciendas establecidas en la región. La violencia de este alzamiento llevó a la opinión pública a presionar a las autoridades a encontrar soluciones definitivas a este conflicto. En este complejo escenario, la aparición del francés Órele Antoine de Tounens no vino sino a acelerar un proceso que ya era inminente.

El plan de ocupación aplicado fue el propuesto por general del ejército Cornelio Saavedra Rodríguez. Éste no sólo incluía acciones militares, sino que también la penetración pacífica de los territorios, mediante el traspaso de cultura chilena al otro lado de la frontera del Bío-Bío a través de la fundación de ciudades, construcción de obras públicas como caminos, telégrafos, escuelas y hospitales, además del establecimiento de colonos en tierras gratuitas, de manera de fomentar la ocupación de la zona y desarrollar la producción de trigo.
En 1861, Cornelio Saavedra comenzó la primera etapa de la ocupación, marcada por una escasa resistencia y un rápido avance. Luego de pasar por el río Malleco, refundó la ciudad de Angol y construyó los fuertes de Lebu (1862), Mulchén (1862), Collipulli (1867) y Cañete (1868), llegando al río Toltén por la costa en 1867, lo que significó la ocupación de una franja de cuarenta kilómetros  

Sin embargo en 1868 el avance fue más complejo, debido a que las tropas se internaron en las zonas altas de la cordillera, lo que provocó sangrientos y brutales enfrentamientos desde las tropas chilenas hacia los indígenas comandados por Quilatan, quienes rápidamente fueron derrotadas, lo que permitió situar la línea del Malleco como una frontera custodiada por 2.500 hombres. 

En 1871, la pacificación quedó en manos del general Basilio Urrutia quien logró avanzar hacia Traiguén (1878) fundando un fuerte con el mismo nombre y trasladando la frontera hacia esa zona. Durante este período, las fuerzas mapuches prácticamente no se pronunciaron debido a que quedaron fuertemente debilitadas, lo que permitió realizar tareas agrícolas y ganaderas, montar aserraderos y dar impulsos a los precarios campamentos surgidos bajo El estallido de la Guerra del Pacífico generó un nuevo escenario para la ocupación. El general Basilio Urrutia fue llamado por el gobierno a asumir el cargo de Ministro de Guerra y Marina y las tropas fueron retiradas de la Araucanía. En su reemplazo se movilizaron fuerzas civiles de los pueblos fronterizos, lo que provocó que en 1881 se realizara un sangriento alzamiento general. 
Sin embargo, el fin de la Guerra contra Perú y Bolivia implicó que todas las energías gubernamentales y militares estuvieran orientadas hacia la incorporación absoluta de la región de Arauco. Por esto el presidente Domingo Santa María, instruyó a al coronel Gregorio Urrutia anexar en el tiempo más corto posible estos territorios a la República de Chile de esta manera se ve que
Se marco el fin a la autonomía territorial mapuche y todas la tierras de la región fueron declaradas fiscales la ocupación de estas tierras quedaron en manos de numerosos colonos europeos principalmente españoles alemanes, franceses, italianos  y suizos que llegaron en 1883. Sin embargo este doblamiento tardo en consolidarse debido a la persistente inseguridad y a su falta de experiencia campesina
Por su parte los mapuches fueron confinados en estrechos terrenos comunitarios de mala calidad de economía conocidos aquellos como reducciones asignados por la comisión radicadota para que practicaran sus actividades agrícolas y ganaderas  en espacios de corta extensión y con una población en constante crecimiento                nombre: Exequiel Pérez  2b                    

La cuestión social entre (1880-1920)

Bueno primeramente que todo es indudable que la pobreza y las desigualdades sociales no surgieron en el pis en la década de 1880 como así tampoco han desaparecido en la moderna realidad del chile actual . yo creo que los problemas sociales en una cuestión social tuvo un transformamiento plenamente economicocapitalista desde luego marcado por una incipiente industrialización y también un proceso de urbanización descontrolado que agravaron las malas condiciones de vida del trabajador urbano en una clase ciega y ineficiente ante los problemas y quejas del mundo popular  en una clase de trabajadores que estuvo dispuesta  a quedarse de brazos cruzados esperando la oportunidad del estado oligárquico llegara a ofrecer alguna solución a sus problemas.

La cuestión social es, en la Doctrina social de la Iglesia, el trastorno producido por el encuentro del progreso material con el decaimiento de los principios ético-sociales, trastorno que se caracteriza por un vivo malestar de todas las clases de la sociedad y la generación de antagonismo entre las mismas.La cuestión social para la Doctrina social de la Iglesia se manifiesta externamente como afectando de un modo principal a la clase obrera los asalariados en sus relaciones con los capitalistas y empresarios; pero en realidad se hace sentir en todas las clases sociales Se puede decir que dos ideologías han surgido como explicaciones y respuestas al surgimiento de la cuestión: El socialismo y el socialcristianismo.  

El historiador chileno Sergio Gres, citando a James O. Morris, describe la cuestión social como "la totalidad de consecuencias sociales, laborales e ideológicas de la industrialización y urbanización nacientes: una nueva forma dependiente del sistema de salarios, la aparición de problemas cada vez más complejos pertinentes a vivienda obrera, atención médica y salubridad; la constitución de organizaciones destinadas a defender los intereses de la nueva "proletariado"; huelgas y demostraciones callejeras, tal vez choques armados entre los trabajadores y la policía o los militares, y cierta popularidad de las ideas extremistas, con una consiguiente influencia sobre los dirigentes de los amonestados trabajadores”. Tal como los libros de historia nacional describen como se produjo la cuestión social entre 1890 y 1910, hoy parece reeditarse en el Chile del Segundo Centenario. Un choque brutal entre un crecimiento económico que genera grandes fortunas, y que permiten al Estado desarrollar una vasta red de obras públicas y un país con  una apariencia de modernidad sustentable, mientras una parte importante de la población no recibe los beneficios del progreso económico y retrocede a niveles graves de precariedad y desprotección social.  Sin un Estado que cumpla adecuadamente su papel social de garante de la equidad y el bien común. Tal como ocurrió a las puertas del Primer Centenario, la acumulación de tensiones provenientes de la brecha de la desigualdad hace emerger, aunque todavía de manera incipiente, condiciones sociales para una reacción insidiosa y desestabilizadora de la paz social. Lo de Atacama es un punto más en una cadena de situaciones que se han producido también en otros ámbitos durante toda la última década. Precariedad de vivienda y marginalidad en los centros urbanos; desvalorización de la educación como mecanismo de equilibrio y movilidad social; indefensión frente a las empresas en materia de servicios públicos básicos; inestabilidad en los mercados laborales; creciente violencia urbana juvenil; abandono de la tercera edad.  Al mismo tiempo que el país experimentaba, de manera sostenida, el período más largo y de mayor crecimiento económico en su historia. Muchos efectos de estos problemas han sido mitigados, retardados o, incluso, contenidos, por las políticas aplicados. Pero en lo esencial, como el centro de la atención privilegió los equilibrios macroeconómicos y el crecimiento, los residuos de la desigualdad han ido corroyendo de manera larvada todo el tejido social.
Tal como los libros de historia nacional describen como se produjo la cuestión social entre 1890 y 1910, hoy parece reeditarse en el Chile del Segundo Centenario. Un choque brutal entre un crecimiento económico que genera grandes fortunas, y que permiten al Estado desarrollar una vasta red de obras públicas y un país con  una apariencia de modernidad sustentable, mientras una parte importante de la población no recibe los beneficios del progreso económico y retrocede a niveles graves de precariedad y desprotección social.  Sin un Estado que cumpla adecuadamente su papel social de garante de la equidad y el bien común.
El economista Patricio Meller, en un lúcido, y poco leído, artículo publicado en la revista Perspectivas del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, (octubre de 1999), plantea que el tema ha estado presente en el debate chileno desde el siglo XIX. Y cita en la introducción algunos párrafos de Valentín Letelier, de perfecta actualidad: El juicio de Valentín Letelier, de 1896, declaradamente laico y progresista, interpela a la elite gobernante de la época. Hubo también una llamada de atención proveniente del mundo conservador y religioso. La Iglesia Católica De las cosas nuevas en 1891, se refiere por primera vez a las condiciones y problemas de las clases trabajadoras. Esa posición aún tibia posteriormente iría evolucionando hacia una doctrina social de la Iglesia Católica. En la actualidad hemos visto diferentes planteamientos y debates sobre salario ético, protección social, ingreso ético familiar, motivados por movilizaciones sociales fuertes,  que demuestran, al menos aparentemente, que las elites estarían sensibilizadas para generar un freno al deterioro. Pero en la práctica no se avanza mucho. Es evidente que la situación actual no es solo producto de la ambición económica de empresarios inescrupulosos o de un capitalismo desbordado. Como tampoco la existencia de un Estado precario, sin capacidad de generar condiciones de equilibrio y controlar los desbordes de legalidad, es culpa de la Dictadura militar de los años 70 y 80 del siglo pasado. Si bien ellos son datos fuertes del escenario, nada excusa la falta de voluntad de la Concertación, durante veinte años, para introducir controles de calidad y legalidad en las políticas, dependientes solo de sus facultades administrativas.  Especialmente en materia de vivienda y barrios, en los mercados laborales, o en el control regulatorio de los servicios básicos. Cuando durante el Gobierno de Ricardo Lagos se generó una presión empresarial por lo que se denominó excesos de control de la Dirección del Trabajo, dirigida entonces por la socialista María Ester Fares, fue un ministro de su mismo partido, Ricardo Solari, quien tuvo una ambigua actitud en el tema y estuvo de acuerdo con su remoción. Los excesos de control eran acciones orientadas, precisamente, a controlar situaciones como las que hoy lamentamos en la mina de Atacama. Resulta preocupante que ante los síntomas que se perciben de emergencia de una cuestión social nuevamente en el país, la elite política se muestre poco perspicaz  e incapaz de asumir responsabilidades compartidas en el hecho y se oriente, de manera ciega, a una política orientada por el síndrome del enemigo Sería lamentable además que, como corolario del Segundo Centenario, el paradigma de la cooperación público privada lucido con orgullo como base del crecimiento económico del país, terminara en una muestra de que el mercado no solo es cruel, Esta concentración de población en las ciudades transformó la fisonomía demográfica del país y fue el inicio de un constante proceso de urbanización. 
Este proceso alcanzó mayor relieve a partir de mediados del siglo XX, ya que en 1960 la población urbana llegaba al 66,9 por ciento del total del país, en tanto que en 1970 alcanzó al 75,2 por ciento, y en 1979, al 80,8 por ciento. En 1903 una huelga de los estibadores de Valparaíso culminaba con 35 muertos.  El Ejército, usado como siempre por el poder civil cuando es incapaz de controlar la situación, debió emplearse a fondo para contener los disturbios ocasionados por huelguistas y no huelguistas.  Antes de que se restableciera el orden habían sido asaltados los locales de la Sociedad Sudamericana de Vapores y otros edificios comerciales y de la prensa. En 1905 se produjo el primer gran acto de masas en la historia del país, que concentró en Santiago a más de cincuenta mil personas en contra de la carestía generada por las medidas de protección a la ganadería nacional que habían disparado el precio de la carne; la multitud fue atacada por la policía y por bandas armadas, lo que motivó la declaración de una huelga general en respuesta. El gobierno recurrió nuevamente al Ejército para que le calmara la situación y sólo tras tomar la ciudad logró restablecerse la calma, una semana después de haberse iniciado los incidentes.  El balance final arrojó sesenta muertos y más de trescientos heridos. 
Las huelgas hicieron su aparición en grandes sectores de la economía y el transporte a pesar de tratarse de una actividad ilegal y, por lo tanto, perseguida.
El descenso periódico en la exportación del salitre generó la paralización de la producción y desempleo obrero.
En diciembre de 1907 numerosos trabajadores salieron de los campamentos mineros y se dirigieron a Iquique para reclamar soluciones.  La ciudad les recibió con una huelga solidaria organizada por sus trabajadores, y fueron alojados en la escuela de Santa María, en donde elaboraron su pliego de peticiones que presentaron a los empresarios. Éstos se negaron a atenderlas, mientras fuerzas del Ejército, otra vez y como siempre llamadas por el gobierno civil para restaurar el orden, rodeaban el poblado de los huelguistas debiendo emplear sus armas de fuego.  Las cifras oficiales elevaron a dos mil el número de fallecidos








miércoles, 26 de octubre de 2011

Las consecuencias de la guerra del pacifico

En lo que respecta a Chile, el cobro del impuesto de 10 centavos sobre quintal exportado violaba el artículo IV del tratado de 1874. Por ello, dicho impuesto encontró una gran resistencia por parte de los propietarios de la empresa afectada y una cerrada defensa de su causa por parte del gobierno de santiago, desencadenándose un conflicto diplomático.

A lo largo de los meses subsiguientes, el gobierno boliviano se abstuvo de implementar la ley mientras se discutían las objeciones presentadas por el gobierno chileno. E 8 de noviembre, el canciller Alejandro Fierro envió una nota al canciller Martín Lanza indicando que el Tratado de 1874 podría declararse nulo si se insistía en cobrar el impuesto, renaciendo los derechos de Chile anteriores a 1866. El 17 de noviembre el gobierno de La Paz ordenó al prefecto del departamento de Cobija que aplicara la ley del impuesto para iniciar las obras de reconstrucción de Antofagasta. Aunque ambas partes propusieron la resolución del conflicto por vía de un arbitraje, tal como lo contemplaba el Protocolo de 1875 este no llegó a realizarse ya que mientras el gobierno de Chile exigía que se suspendiera la ejecución de dicha ley hasta que su legalidad fuese determinada por un árbitro, el gobierno de Bolivia exigía que el blindado Blanco Encalada y sus fuerzas navales se retiraran de la bahía de Antofagasta. El 6 de febrero, ante las protestas por parte de la Compañía de Salitres por la ley del impuesto y dado que el contrato no había cumplido con los trámites para declararlo, el gobierno de Bolivia rescindió el contrato con la Compañía de Salitres y Ferrocarriles de Antofagasta. El prefecto Zapata ordenó rematar sus bienes para cobrar los impuestos generados desde febrero de 1878. En Chile, la decisión de impedir el remate se tomó la mañana del 11 de febrero, cuando, en una sesión especial del gabinete chileno, se recibió un telegrama del norte, conteniendo textualmente un mensaje del ministro plenipotenciario de Bolivia anulación de la ley de febrero de las compañía salitrera. Este gatilló la decisión del presidente Aníbal Pinto de ordenar la ocupación de Antofagasta, que se realizó el 14 de febrero de 1879, ocupando tropas chilenas el litoral boliviano hasta el paralelo. 23 naves chilenas desembarcaron en Antofagasta, Mejillones, Cobija y Caracoles reivindicándose estos territorios. El 16 de febrero, llegó a Lima el ministro boliviano Serapio Reyes a fin de exigirle al gobierno peruano que cumpliera con el tratado de alianza defensiva de 1873
El Perú que había suscrito el tratado de alianza defensiva con Bolivia de carácter secreto en 1873 y al que argentina no se había adherido, trató de persuadir al gobierno de La Paz para someterse a un arbitraje con la misión Quiñones,5 figura que se encontraba estipulada en el protocolo complementario de 1875, toda vez que se trataba de un "problema tributario" y no territorial. El gobierno peruano, para mediar en el conflicto, envío a su ministro plenipotenciario José Antonio de la valle a Chile; la misión del diplomático fracasó. El canciller chileno Alejandro Fierro preguntó al plenipotenciario peruano sobre la existencia de un "Tratado Secreto" firmado con Bolivia en 1873. Lavalle no tenía instrucciones sobre ello y le indicó que en la comisión diplomática del congreso a la que él pertenecía no se había tocado ese tema. En Lima el 20 de marzo, el presidente peruano le expuso al representante chileno Godoy que el tratado existía y que convocaría al congreso peruano para evaluar qué actitud tomar ante Chile y Bolivia.


El 1 de marzo, el gobierno de Bolivia declaro cortado todo el comercio con chile, asumiendo que hay un estado de guerra. El 15 de marzo Chile inició preparativos para ocupar más al norte del paralelo 23. Con ello, el 23 de marzo, tuvo lugar la batalla de Calama, en la que las fuerzas chilenas vencieron a un grupo de civiles bolivianos. El 5 de abril de 1879, chile declaro la guerra con chile y Perú La revisión y análisis del tratado de 1873 entre Perú y Bolivia, lleva a historiadores peruanos a la conclusión de que el Perú tenía la opción de decidir si este tratado estaba vigente, ya que Bolivia había firmado uno de límites con Chile en 1874sin consultar al Perú o si la agresión a Bolivia era real o si el asunto merecía un arbitraje. Esta misma interpretación dice que, a raíz de la penetración de tropas chilenas en territorio boliviano y el poco interés del gobierno de Chile en "una salida diplomática" y a la declaratoria de guerra que le hace el gobierno chileno el 5 de abril, Perú se sintió ligado a Bolivia por el tratado recíproco de defensa y entró, asimismo, en la contienda, declarando una expresión latina que significa "motivo de la alianza". En la terminología diplomática, describe la situación en la cual entrarán en juego los miembros de una alianza. A lo largo del siglo xx Bolivia ha reclamado una salida soberana al mar, argumentando que su característica de mediterraneidad ha sido un importante impedimento para su desarrollo económico y social. Ya que las causas no eran muy favorecientes


La paz entre Chile y Bolivia fue firmada en 1904. Sin embargo, el tratado de paz entre ambas naciones, en el cual Bolivia definitivamente reconocía la permanente soberanía chilena sobre el territorio previamente en disputa, ha sido origen constante de tensiones diplomáticas entre ambos países durante el siglo 20 y comienzos del siglo 21 debido a que Bolivia perdió toda posibilidad de salida soberana al océano pacifico Tras su victoria, Chile tomó posesión no sólo de una importante extensión territorial, sino también de enormes depósitos salitreros, guaneros y de cupríferos. Éstos fueron adquiridos mayoritariamente por capitales británicos, por medio de la compra de bonos desvalorizados emitidos antes del conflicto por Perú y adquiridos a bajos precios con préstamos de bancos chilenos, que los hacían dueños de las salitreras. Esto ha llevado a parte de la historiográfica moderna a ver a los ingleses como instigadores ocultos de la guerra, sin pruebas concluyentes a decir de la historiografía chilena. Algunos historiadores creen ver en algunas publicaciones de la época, inglesas y europeas en general, por ejemplo la editorial del diario británico, aparecida en 1879, como pruebas del apoyo a las aspiraciones chilenas. Por el contrario, otros estiman que estas publicaciones se deben más bien al clima electoral existente en Inglaterra y a la ardua disputa entre el primer ministro Benjamin, partidario de intervenir, y el liberal político británico Williams, contrario a la intervención.
El salitre fue la principal fuente de riqueza de Chile hasta el descubrimiento del salitre sintético por los alemanes, durante la primera guerra mundial Después de la ocupación chilena de lima en 1881, el gobierno argentino ordenó alistar el ejército, la compra de un blindado, de material de guerra y la construcción de un línea férrea hasta los andes como vía de abastecimiento. Con ello ambos países se colocaron al borde de una guerra, aceptando la mediación del gobierno estadounidenses 22 de octubre de 1881, se canjearon en Santiago las ratificaciones del tratado de limites y argentina, un acuerdo con el que se definieron con precisión los límites preexistentes entre la Argentina y Chile en la región protagónica Con este tratado, se entendía en Chile que Argentina se comprometía tácitamente a la neutralidad en la guerra que se libraba en el Pacífico y que no firmaría el tratado de alianza Perú y Bolivia
En 1883 chile quedó en posesión de la puna de Atacama  de 75.000 Km., que hasta entonces había pertenecido a Bolivia  y la consideró de su propiedad después del tratado de tregua de 1884. Sin embargo, diversos tratados y mediaciones entre Bolivia chile argentina concluyeron en 1889, cuando Argentina renunció a su reclamo sobre Tarija y chicha reconociéndolas como mediaciones entre Bolivia chile argentina concluyeron en 1889, cuando Argentina renunció a su reclamo sobre Tarija y chicha reconociéndolas como Las fuerzas chilenas establecieron su autoridad y se impusieron cupos de guerra a la población limeña. Se impuso el orden en la ciudad, en las zonas de ocupación, y se restablecieron las actividades. Sin embargo, este orden no evitó la salida de objetos y bienes científicos o culturales, tales como instrumentos, herramientas, mobiliario y libros, algunos de los cuales fueron enviados a Chile, terminando otro tanto en manos de privados de ambos países.
El dictador Nicolás de Pierola Villena, quien se retiró de la capital para pretender seguir gobernando desde el interior del país, fue sustituido por un gobierno civil a cargo de Francisco García Calderón, que se negó a firmar la entrega del Departamento de Tarapacá.
Sin posibilidades de firmar la paz, el jefe de la ocupación chilena Vicealmirante Patricio Lynch estableció su cuartel militar en el Palacio de Pizarro en Lima y dirigió el combate contra la resistencia peruana en la sierra, en lo que se denomina la Campaña de la Breña o de la sierra, enfrentando abundantes actos de sedición en la misma ciudad y, posteriormente, una resistencia claramente organizada.

Después de los enfrentamientos en San Juan y Miraflores, el entonces Coronel peruano Andrés Avelino Cáceres y otros, como el capitán José Miguel Pérez, decidieron llegar a los Centrales para organizar y reiniciar la resistencia al ejército de ocupación chileno. Para ello, el 15 de abril de 1881, se embarcaron en el tren de la estación de Viterbo, evadiendo la vigilancia de los soldados chilenos, con destino final la ciudad de Jauja. Así, y en gran medida ayudado por su profundo conocimiento de la lengua quechua, Cáceres organizó la defensa entre la población civil de la Sierra Central y el Coronel Gregorio Albarracín en la Sierra Sur, quienes ejecutaron una efectiva guerra de guerrillas durante tres años. Eligieron la breña de los Andes Centrales porque presentaba una topografía excelente para aplicar la estrategia de guerra de guerrillas y, también, porque existían nuevos elementos humanos, aunque sin entrenamiento y con escaso armamento para una lucha prolongada.